La indivisibilidad de los Derechos Humanos ha recibido una fuerte consolidación gracias a la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La anacrónica clásificación entre derechos civiles y polìticos y económicos, sociales y culturales, que repercutía en cuestionar la judiciabilidad de éstos últimos, es cosa del pasado en el orden internacional universal.
A partir del 5 de mayo de 2013 entró en vigencia el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Uruguay se sumó a los Estados que habían ratificado el instrumento, cuatro de ellos de America Latina (Argentina, El Salvador, Bolivia y Ecuador).
La norma habilita un mecanismo para reclamar internacionalmente frente a violaciones de los DESC reconocidos en el Pacto. Estos derechos abarcan, por ejemplo, el derecho a la salud, saneamiento, educación, alimentación, agua, vivienda adecuada, trabajo, seguridad social, y a participar en la vida cultural.
Se ha instrumentado así una herramienta tendiente a controlar el cumplimiento por parte de los Estados signatarios de su obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación.
Es, en consecuencia, un notorio avance en la defensa de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos.
Toda persona particular o un grupo de personas, que invoquen la violación de los derechos enunciados en el Pacto, y se hallen bajo la jurisdicción de un Estado que haya ratificado el Protocolo, podrán presentar su denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.